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La policía finalmente logró dar con los integrantes de una banda que retenían tarjetas del Banco Nación y se quedaban con gran parte de los montos de distintos beneficios sociales. En dicha causa está involucrada una funcionara de 25 de Mayo llamada Natalia Castro que trabajaba como coordinadora de la Oficina de Empleo en mencionado municipio hace un poco más de cuatro años. También se sospechaba que no era la única que cometía este accionar y después de una serie de investigaciones de Defraudaciones y Estafas de la Policía de San Juan, se logró detener a otras personas que en estos momentos están en sede policial.

En la causa hay más de 40 personas que serían las afectadas en un expediente que cuenta con unas 200 fojas. Se estima que muchas de las víctimas nunca llegaron a recibir la tarjeta del banco y solo cobraban dinero en mano las cuotas de entre 1500 a 2000 pesos por planes sociales que cubrían un monto de 850 pesos. Así mismo las autoridades estiman que en el transcurso de los días se seguirán recibiendo más denuncias de posibles estafados.

Los involucrados de momento son Emanuel Mody, de 37 años, Sergio Castillo, de 48 años, del departamento Pocito; Walter Atámpiz, de 42 años, domiciliado en Pocito y de quien se dice que tenía contactos políticos; y Mariana Agüero, de 36 años, domiciliada en Rawson. La policía informó que fueron cinco allanamientos y se logró secuestrar en la casa de estas personas gran cantidad de tarjetas del Banco de la Nación Argentina, documentación variada como fotocopias, DNI, certificados de ANSES, listados de personas y otros elementos incriminadores que hacían efectivas las sospechas de estafa y retención de tarjetas.

Es así que en este momento los involucrados se encuentran detenidos en la Central de Policía e interviene en el hecho el Primer Juzgado de Instrucción a cargo de la doctora Gema Guerrero.
Lo que todavía queda por determinar en la investigación es cómo estas personas podían acceder a beneficios sociales que son de gestión personal e intransferibles. Se va a solicitar informes al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, para saber cuál era la conexión y se seguirá el rastro de las gestiones realizadas por los detenidos para saber con quien tenían contacto para lograr los beneficios.

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