El 20 de junio de 2018, un mes después que Mauricio Macri anunciara el inicio de las negociaciones con el FMI y trece días después de que el Gobierno anunciara que las conversaciones habían llegado a buen puerto, el organismo internacional oficializó que pondría en marcha, con la Argentina, el programa de asistencia más grande de su historia. Un año después del reinicio de las relaciones financieras con el Fondo, el ajuste para alcanzar el déficit cero y la inyección de dólares desde Washington todavía no alcanzaron para revertir la recesión y bajar la inflación.
«Estamos convencidos de que vamos por el camino correcto; hemos logrado evitar una crisis, tenemos un plan consistente y conseguimos un apoyo a nuestro programa vigente y que apunta a una economía que crece sostenidamente, crea empleo, aumenta la inversión y baja la pobreza», dijo el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne en el CCK al anunciar el acuerdo. A su lado observaba Federico Sturzenegger, entonces presidente del Banco Central. Una semana después dejó su puesto.
Ese cambio era el primero de una serie que iba a continuar a lo largo de los meses y que incluyó un recorte de ministerios, la eliminación de las metas de inflación y las Lebac, la habilitación, que mutó en prohibición y luego en un nuevo permiso al BCRA para intervenir en el precio del dólar, un tercer presidente de la entidad monetaria, caras nuevas en el gabinete nacional y mayores retenciones a las exportaciones.
Todas estas modificaciones tuvieron lugar mientras la letra del acuerdo firmado con el organismo internacional tuvo que ser renegociada permanentemente para dar mayores certezas a los mercados, que desconfiaban de la situación financiera del país y huían de los activos argentinos.
Un acuerdo que solo duró tres meses
Ese 20 de junio, el FMI presentó al acuerdo como la fórmula que «reduce las necesidades de financiamiento, encauza la deuda pública argentina por una trayectoria descendente firme y afianza el plan de reducción de la inflación mediante metas de inflación más realistas y el fortalecimiento de la independencia del Banco Central», según el comunicado que difundió ese día, junto con un video por Twitter.
El programa incluía un reducción más rápida del déficit fiscal, flotación libre del tipo de cambio y nuevas metas de inflación a cambio de u$s50.000 millones que el Fondo giraría precautoriamente -es decir, solo si lo necesitara- hasta 2021. Ese monto sería utilizado para cubrir el programa financiero del Gobierno, que ya no contaba con los dólares del mercado internacional.
Pero apenas tres meses después, el peso de la coyuntura obligó a renegociar todos los fundamentos del programa. El dólar se disparó en los últimos días de agosto y Macri apuró un anuncio de un segundo acuerdo con los funcionarios del Fondo para buscar tranquilizar a los inversores. El efecto fue el contrario y el Gobierno viajó en esos días a Washington a buscar un gesto contundente que detenga el escape hacia la divisa estadounidense.
El segundo programa firmado implicó u$s7100 millones extra respecto al acuerdo original pero, a cambio, exigió un apretón fiscal mucho más duro, ya que prevé déficit cero para este año y superávit para 2020. Pero además, el FMI acordó con el Gobierno dar de baja el esquema de metas de inflación.Desde octubre entró en funcionamiento un sistema de control de agregados monetarios, que tiene como principal objetivo mantener estable la cantidad de pesos que hay en circulación. Esto implicaba un ajuste monetario mayor, con tasas de interés que superaron rápidamente el 70%.
Los analistas observan pros y contras en el retorno del FMI a la economía argentina. Para la economista de C&T Consultores Económicos María Castiglioni Cotter, los dos elementos principales del programa son positivos. «El acuerdo con el Fondo te permite acelerar el camino al equilibrio fiscal, que es la forma en que el Gobierno podrá repagar el préstamo dentro de algunos años», comentó.
«Y en términos monetarios, el punto decisivo del programa es que el Banco Central tendrá como prioridad concentrarse en tratar de bajar la inflación. Para eso prohibió que el BCRA pueda imprimir billetes para financiar al Tesoro. En ese sentido, busca sanear el balance del BCRA», explicó Castiglioni Cotter.
Por su parte, el economista Leandro Mora Alfonsín consideró que la firma del programa de asistencia financiera con el Fondo implica «que se tercerizó la conducción económica». «La crisis cambiaria de abril y mayo de 2018 desbordó al Gobierno en lo que se supone que no podía fallar: los mercados, la capacidad de financiamiento, el atraer inversores al país», apuntó.
Pasado un año de relación financiera con el organismo que conduce Christine Lagarde, Mora Alfonsín criticó que en la actualidad «no haya una iniciativa para reactivar la economía, para recomponer de manera sostenida el ingreso real, solo son parches, desde Ahora 12 a los créditos Anses». «La economía es de dientes apretados, con dos líneas de cuatro y tirando la pelota para arriba a esperar que pase el tiempo», graficó con una imagen futbolística