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Finalmente, este martes a las 18.30 arrancará el tratamiento de los distintos proyectos para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, aunque en los hechos se tratará sólo de una formalidad. Las cuatro comisiones que intervienen, con sus 100 miembros, se reunirán en un plenario en el que acordarán el funcionamiento para los próximos dos o tres meses.

El plazo del tratamiento no será ni tan rápido como algunos desean ni tan lento como algunos temen y tal vez para el mes de junio la Cámara de Diputados ya podría someter a votación en el recinto el proyecto o los proyectos que pasen por las comisiones.

El resultado final es incierto. Hasta hace poco parecía imposible que la legalización del aborto superara la instancia de Diputados y mucho menos la del Senado de la Nación donde están representadas en la misma proporción todas las provincias, muchas de ellas con fuertes vínculos con la Iglesia, especialmente las gobernadas por el peronismo en el norte del país.

Hoy algunos se animan a conjeturar que el cambio del clima social podría traducirse en un cambio en el Parlamento: varias encuestas señalan que 6 de cada 10 argentinos están de acuerdo con el aborto y con evitar la injerencia de la Iglesia en la discusión.

Precisamente el fin de semana el Papa les habló a los argentinos a través de una carta en la que defendió nuevamente «la vida» (en el concepto religioso del inicio en la concepción), tal como hizo una treintena de curas villeros liderados por José María Di Paola a través de un documento público. Y el propio presidente Mauricio Macri se expresó «a favor de la vida» aunque avisó que respetará lo que decida el Congreso (léase: no vetar una eventual ley).

En ambas cámaras hay divisiones internas, incluso a Elisa Carrió podría rebelársele algún diputado, es el caso de Juan Manuel López quien con sus 33 años piensa distinto que la jefa de la Coalición Cívica y prometió estudiar y analizar los argumentos a favor, científicos, religiosos y filosóficos. Carrió volvió a pedir la postergación del debate.

«Estamos transitando un tiempo sagrado para muchos argentinos y no quisiera que el inoportuno tratamiento de este tema tan sensible se convierta en un agravio para millones de judíos y cristianos», dice en la carta que le envió Carrió a Daniel Lipovetzky, presidente de la comisión de Legislación General.

En los distintos bloques se dio libertad de conciencia y hay situaciones diversas. Hasta hay legisladores que cambiaron su propia posicióncomo Felipe Solá, del Frente Renovador, quien en sus años de gobernador estaba a favor, pero, alineado con el Papa Francisco a quien reconoce como su líder espiritual, prometió no hacer nada que dañe su papado.

En sentido inverso Cristina Kirchner, que nunca propició el debate durante su gobierno, podría «sorprender» según dijo Mayra Mendoza, diputada muy allegada a la ex Presidenta y militante de esta ley. Graciela Camaño, del massismo, como la presidenta de la comisión de Salud, la macrista Carmen Polledo, están fervientemente en contra.

El plenario de las comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Salud y Familia está previsto para este martes a las 18.30 en una reunión cuyo acceso será restringido sólo a diputados y periodistas para evitar el acalorado debate con escenas casi de pugilato que se vivieron el año pasado cuando se trataba la reforma previsional.

En aquella oportunidad ingresaron al Anexo C del Congreso militantes de distintos grupos que reprocharon a los diputados el tratamiento del polémico proyecto, hubo piñas y hasta el jefe del bloque del FpV, Agustín Rossi, terminó arriba de una mesa separando gente y tratando de frenar la pelea.

Mañana martes, a la misma hora, habrá otro pañuelazo fuera del Congresoorganizado por el colectivo que empujó el principal proyecto y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito, presentado con 71 firmas el 6 de marzo y acompañado por miles de mujeres en la marcha del 8.

Las cuatro comisiones que intervienen están en manos del oficialismo: la macrista Polledo en Salud; la jujeña radical Gabriela Burgos en Legislación Penal y la también radical Alejandra Martínez en Familia. El debate estará a cargo de Daniel Lipovetsky, presidente de la comisión de Legislación General, del PRO y firmante y defensor del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.

Los cuatro acordaron días atrás el reglamento de funcionamiento, y consensuaron que las intervenciones de los disertantes se limitarán a 7 minutos, aunque podría haber excepciones. Si tal como algunos anticipan desfilan por allí unos 600 expositores de la Iglesia, científicos, representantes de Ongs, etc, a favor y en contra, serían necesarias 70 horas de debate distribuidas los martes de 9 a 18.30 y tal vez los jueves.

El proyecto avalado por 71 firmas de distintos bloques no es el único. El médico rionegrino y diputado del PRO Sergio Wisky; Marcelo Wechsler también del PRO; Araceli Ferreyra del Movimiento Evita y Daniel Filmus del FpV-PJ, presentaron sus propias iniciativas en este sentido.

También hay otros proyectos para prohibir el aborto y varias propuestas para someterlo a consulta popular.

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