El Senado define este miércoles si autoriza o no los allanamientos a los domicilios de la ex presidenta Cristina Kirchner, con el Bloque Justicialista dividido ante la votación y sus senadores en «libertad de acción» para decidir.
En la misma sesión, convocada para las 14:00, la Cámara alta tratará el proyecto de extinción de dominio, una figura jurídica que permite al Estado recuperar los bienes obtenidos y usados por el delito, incluido el de corrupción, por lo que éste concepto sobrevolará toda la jornada de debate.
Los allanamientos a los domicilios que la senadora del Frente para la Victoria (FPV-PJ) tiene en Río Gallegos, El Calafate y la Ciudad de Buenos Aires fueron solicitados por el juez Claudio Bonadio en la causa de los cuadernos del choferOscar Centeno, por presuntas coimas y asociación ilícita.
De acuerdo a la Ley de Fueros (25.320) el Senado debe votar si autoriza al juez a realizar los allanamientos, una decisión que divide al Bloque Justicialista que encabeza Miguel Pichetto, del cual depende la aprobación de una iniciativa de este tipo.
Como anticipó la agencia NA, en esa bancada hay varios senadores que no quieren aprobar los allanamientos y se diferencian de Pichetto, que se opone a un eventual desafuero sin que haya una condena sobre la ex mandataria, pero avala el procedimiento solicitado por Bonadio, por entender que se trata de «una medida de prueba».
El Bloque Justicialista quedó así en el medio del tironeo entre la bancada oficialista de Cambiemos, que está unánimemente a favor, y el kirchnerismo, que cerrará filas detrás su líder. La decisión del Senado se postergó el jueves de la semana pasada, dado que los fundamentos de la medida solicitada por Bonadio (que fueron reclamados por el bloque del FPV) llegaron a la Cámara alta minutos antes de la sesión pautada para ese día y con información que se encuentra bajo secreto de sumario.
En la previa, Bonadio ordenó este lunes allanar dos departamentos ubicados en el mismo edificio en el que vive Cristina Kirchner, en el barrio porteño de Recoleta, operativo que fue calificado como «un gran circo» y un «amedrentamiento» por parte del abogado de la senadora, Gregorio Dalbón.