Hoy, en la reunión de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva que preside la Lic. Daniela Castro en la Cámara de Diputados de la Nación fueron recibidos trabajadores de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) que es propiedad de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
El motivo de la visita de los integrantes de la PIAP es el riesgo de ser abandonada y sufrir un daño irreversible por falta de mantenimiento adecuado. De sus 450 trabajadores altamente calificados sólo quedan 300 y a éstos ya se les ha anunciado un inminente plan de retiro voluntario.
Existe en el mundo una significativa actividad presente y un futuro cierto en el campo de los reactores de agua pesada y uranio natural (representan el 11% de los reactores de potencia existentes). Además, el presupuesto de la Comisión Nacional de Energía Atómica ha sufrido un recorte fenomenal del 53% en dólares (pasó de 363 millones de dólares en 2015 a apenas 170 millones en 2019).
La Diputada Daniela Castro manifestó la preocupación que genera la situación que atraviesa la Ciencia y la Tecnología en la Argentina. “De nuestra parte está la colaboración y preocupación por la situación que atraviesan. Recibimos a los distintos organismos de Ciencia y Tecnología y hemos visto el enorme recorte que han sufrido”, dijo la Diputada Castro. “Macri y su gabinete han destrozado el sistema de Ciencia y Tecnología del país”, concluyó.
¿Qué es la PIAP?
La Planta Industrial de Agua Pesada es uno de los pocos proveedores de agua pesada a nivel mundial y el más importante. Es proveedora de este importante insumo para los reactores nucleares argentinos de uranio natural.
La tecnología que utilizan las tres centrales en operación, basada en el uso de uranio natural y agua pesada, es dominada y poseída por nuestro país, fruto de muchas décadas de experiencia y de grandes inversiones tanto del sector público como del privado. El gobierno, de manera injustificable, quiere cancelar esta línea. Después de sostener la misma política del gobierno anterior durante más de dos años, la canceló inmediatamente después de firmar el acuerdo con el FMI.
