La Justicia de San Juan investiga una grave denuncia presentada por una joven de 25 años, identificada como R.R., quien manifestó haber sido víctima de una agresión física y sexual por parte de un empleado del supermercado donde prestaba servicio. La trabajadora, empleada de una empresa de seguridad privada, cumplía funciones en un comercio de la localidad de Caucete, propiedad de empresarios mendocinos, cuando ocurrió el hecho que ahora moviliza a la Unidad Fiscal CAVIG.

De acuerdo con el relato de la denunciante, el incidente se desencadenó alrededor de las 16 horas, cuando un empleado del supermercado de apellido Otárola, de 30 años, adoptó una conducta inapropiada sin su consentimiento. Según consta en las actuaciones, el hombre inició un forcejeo con la joven e intentó besarla, para luego trasladarla contra su voluntad hasta el sector de los baños femeninos del establecimiento, donde reiteró su intención de besarla y continuó con el forcejeo.

La víctima aseguró en su declaración que logró resistirse y apartar al agresor para poner fin a la situación. Sin embargo, el momento de violencia no concluyó allí, ya que cuando el empleado se retiraba del lugar le propinó un golpe con la mano abierta en la zona de los glúteos, lo que agravó el tenor de la agresión denunciada. La secuencia describe un claro contexto de violencia física y avances de índole sexual no consentidos en el ámbito laboral.

Una vez radicada la denuncia, el personal policial que tomó intervención se comunicó de inmediato con la Unidad de Abordaje Territorial (UAT), desde donde se dispuso la actuación de la Unidad Fiscal de Investigación CAVIG, especializada en casos de violencia de género e intrafamiliar. Por disposición del ayudante fiscal interviniente, la joven fue trasladada para ser entrevistada en un entorno especializado, garantizando la contención y el acompañamiento necesarios durante la recepción formal de la denuncia.

Actualmente, la investigación se encuentra en una etapa preliminar. Las autoridades avanzan con la recolección de testimonios, la solicitud de registros y la incorporación de todos los elementos probatorios que permitan esclarecer fehacientemente lo sucedido. La Justicia deberá determinar la responsabilidad penal del empleado denunciado en un hecho que expone una grave vulneración de los derechos de la trabajadora en su espacio de trabajo.