La Justicia determinó dictar prisión preventiva de dos meses a un caucetero acusado de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una joven de 18 años. La medida fue dispuesta por el juez de Garantías Federico Rodríguez, a pedido del Ministerio Público Fiscal de la UFI Cavig, mientras el expediente ingresa en su tramo final rumbo al debate oral, según informaron fuentes judiciales.

El imputado, cuyas iniciales son L.A.C., se encuentra alojado en el Servicio Penitenciario Provincial desde abril pasado, momento en el que se radicó la denuncia formal. De acuerdo con los elementos recolectados en la investigación judicial, la víctima y el sospechoso mantenían un vínculo previo desde hacía años. Sin embargo, durante un encuentro concretado en el mes de abril, la damnificada se negó a una práctica sexual específica y, pese a su negativa, el sujeto la habría forzado.

Tras el grave episodio, la víctima recibió contención integral y acudió a realizar la denuncia, lo que activó de inmediato el protocolo de actuación y la posterior detención del presunto agresor.

Entre los elementos más contundentes que sostienen la imputación se destacan los informes médicos que constataron las lesiones sufridas por la denunciante, sumado a las rigurosas pericias genéticas. Los cotejos de ADN realizados a lo largo de la investigación arrojaron resultados plenamente compatibles con las muestras obrantes en el expediente.

Ante el inminente vencimiento de la primera medida cautelar, la fiscalía solicitó prorrogar la detención por otros 60 días. Por su parte, la defensa técnica intentó conseguir la excarcelación argumentando que la mayor parte de las pruebas ya estaban incorporadas y que no existía riesgo procesal de entorpecimiento. No obstante, el magistrado resolvió avalar el planteo de los fiscales y ratificar la continuidad del encierro preventivo.

La causa se aproxima a su etapa de clausura. Resta concretar una última medida vinculada al análisis informático del teléfono celular del acusado. Cumplido este trámite, el organismo fiscal se encargará de formular la requisitoria de acusación para elevar el legajo a juicio, donde el procesado arriesga una condena de hasta 15 años de prisión efectiva.

fuente: canal 13