De todas maneras, pidieron “profundizar la búsqueda y reunión de elementos suficientes para determinar o descartar la pretendida vinculación de Cristina Kirchner con la causa”.
La resolución fue firmada por los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, quienes pidieron “profundizar la búsqueda y reunión de elementos suficientes para determinar o descartar la pretendida vinculación de Cristina Kirchner con la causa”, señala la resolución.
Para eso, le indicaron al juez que incorpore al expediente las confesiones de los ex funcionarios en el caso de los cuadernos, y que Cristina vuelva a responder ante eventuales pruebas en su contra surgidas de esas declaraciones. “Una investigación incompleta que no permite determinar la responsabilidad”, de la ex presidenta en la causa, indicaron Bertuzzi y Llorens.
Al dictar la falta de mérito de Cristina -lo que implica que no hay elementos para procesarla ni tampoco para sobreseerla- Casanello ordenó una serie de medidas, como dilucidar quién es el verdadero dueño de la empresa fantasma Aldyne registrada en las islas Seychelles.
Luego de que la Cámara Federal (con otros jueces) le ordenara indagar a la ex presidenta, el juez decidió tomar esa decisión intermedia entre un procesamiento y un sobreseimiento. Mientras tanto, el juicio oral por lavado de dinero a través de «la ruta del dinero K» contra Lázaro Báez, sus cuatro hijos y otros veinte imputados comenzó en octubre del año pasado -y continúa-, pero sin Cristina entre los acusados.
La «ruta del dinero K» es la causa por la que está detenido desde hace tres años el contratista y hombre de máxima confianza del matrimonio Kirchner, Lázaro Báez, y en la que el delito atribuido a los procesados es el de haber «integrado una banda dedicada a lavar dinero entre 2010 y 2013 agravado por la habitualidad».
Cuando finalmente cumplió la reiterada orden de la Cámara para indagar a Cristina -que había desoído tres veces, al igual que la del fiscal Guillermo Marijuan y los querellantes en el caso- Casanello se remitió a lo planteado por sus superiores, que justificaban así la orden de citar a la ex presidenta: «si según las investigaciones judiciales, Lázaro Báez fue el encargado de brindar el entramado societario para captar los fondos públicos (causa «Vialidad Nacional‟), de vehiculizarlos parcialmente a las manos privadas de quienes entonces eran funcionarios públicos (causas «Los Sauces» y «Hotesur‟) y también sacar fondos del país para posteriormente reintroducirlos de manera de ocultar su origen (en esta causa, conocida como „la ruta del dinero‟), se encuentra configurada la sospecha que señalan los acusadores acerca de la participación de Cristina Fernández en estos últimos hechos en tanto es dable entender su vinculación con, al menos, parte de esos fondos…».
La causa de «la ruta del dinero K» comenzó en 2013 tras una denuncia realizada luego de la difusión en el programa Periodismo Para Todos de supuestas maniobras para sacar del país unos 60 millones de dólares por parte de un grupo de asesores de Báez, entre quienes se encontraban los financistas Leonardo Fariña y Federico Elaskar.
En el expediente se corroboraron esos hechos, quedando «comprobado el delito de lavado de dinero» a través de la estructura de «sociedades y cuentas bancarias en el exterior que permitieron el blanqueo de por lo menos unos sesenta millones de dólares».
La causa también certificó que el origen «ilegítimo de los fondos» que se utilizaron para las maniobras de blanqueo corresponde a contratos de obra pública que se investigan en otros expedientes. La misma Sala II de la Cámara ratificó que la ex presidenta, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, otros ex funcionarios y Lázaro Báez, entre otros, conformaron «una estructura paralela al poder estatal para desviar dinero público en favor de su grupo a través de la asignación irregular de obra pública vial a las empresas de Báez entre los años 2003 y 2015.
Así, «la ruta del dinero K» quedó vinculada con el expediente que investiga la defraudación a través de la obra pública, considerando a esta última como el «delito precedente» de las maniobras de blanqueo. En el direccionamiento de los contratos, Báez recibió 52 licitaciones por 46.000 millones de pesos que luego fueron aplicados a diferentes maniobras de lavado. Esos supuestos delitos comenzarán a juzgarse en mayo próximo.
En otros expedientes también se determinó que una porción de esos fondos fueron derivados al patrimonio de la familia Kirchner a través de otros negocios celebrados con Báez: el alquiler de habitaciones de los hoteles y la administración de los mismos (causa Hotesur) y los contratos de locación celebrados con Los Sauce, la inmobiliaria de la familia Kirchner. La sumatoria en ambos expedientes donde se investigó el lavado de dinero, arroja ingresos a favor de la ex familiar presidencial por más de 50 millones de pesos solo entre 2009 y 2015.
Diario de Cuyo