Es por el caso de tres ciudadanos chilenos que frondoso prontuario en su país que vinieron a San Juan a robar y cayeron en un supermercado abriendo una vitrina de celulares. Por Gustavo Martínez Puga
En enero de este año el presidente Mauricio Macri sacó el decreto 70/17 con el que modificó el artículo 29 de la ley 25.871, el cual permite deportar del país a los extranjeros con antecedentes penales. San Juan ahora debuta con esa legislación, después de que tres ciudadanos chilenos con frondosos prontuarios fueran atrapados en el Híper Libertad intentando abrir la cerradura de una vitrina para robar teléfonos celulares. El caso fue seguido de cerca por las autoridades de Migraciones y Aduana.
El Servicio Penitenciario Federal informó que el 26 % de sus detenidos son extranjeros. Y, desde que está en vigencia el decreto presidencial, la cantidad de extranjeros deportados se incrementó un 35 % respecto del 2016.
La audiencia de finalización en la que serán juzgados los chilenos será el próximo martes a las 9 horas en los juzgados de Flagrancia.
A esa decisión se llegó este miércoles en la mañana cuando el juez Ricardo Moine no aceptó el juicio abreviado que habían propuesto el fiscal Iván Grassi y el defensor oficial Lisandro Zapata.
Ése juicio abreviado proponía una condena de 1 año de prisión en suspenso. Además, como medida cautelar, el fiscal Grassi había solicitado al juez Moine que los tres chilenos quedaran detenidos por un plazo máximo de cinco días para darle tiempo a las autoridades de la Dirección Nacional de Migraciones a realizar los trámites de deportación, citando el decreto del presidente Macri.
El juez Moine dijo que no correspondía el juicio abreviado. Y fundamentó su decisión en que, de ser condenados, entiende que debe ser de cumplimiento efectivo. Además, el juez argumentó que los tres ciudadanos chilenos no tienen domicilio en San Juan, ya que paraban provisoriamente en Mendoza y habían llegado a la provincia sólo a robar; también citó el peligro de fuga ante el cumplimiento de una pena en suspenso, debido a que éste iba a ser la primera condena en Argentina, pero en su país tienen numerosas causas por delitos contra la propiedad.
Además, el juez Moine ordenó comunicar la situación de los ciudadanos chilenos al Juzgado Federal de San Juan, para que analicen si corresponde la extradición. Y también poner en conocimiento a Migraciones para que analicen la posibilidad de deportarlos.
El fiscal Grassi había fundamentado su pedido en el hecho de que en Argentina los tres chilenos no tenían antecedentes, por eso interpretaba que, tal como lo dice la ley, les correspondía una pena de prisión en suspenso.
Pero el juez Moine tuvo en cuenta que, por ejemplo, uno de ellos registra 17 condenas por delitos contra la propiedad en Chile. Y un pedido de captura del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago de Chile.
El fiscal Grassi sostuvo que ese pedido de captura era interno en Chile ya que no se había dado aviso a Interpol, por lo que para Argentina, legalmente, no tenía validez.
De todas maneras, los tres chilenos quedarán detenidos hasta la audiencia del juicio que se hará el próximo martes en Flagrancia, ya sin el juez Moine, quien se inhibió de actuar porque dejó en evidencia su opinión para con los tres chilenos.
QUIÉNES SON
Manuel Ernesto Oyarso Ollarco es quien tiene 17 condenas por delitos contra la propiedad y un pedido de captura en Chile.
Emerson Felipe Vergara Castro tiene detenciones y una condena en Chile.
Y Fernanda Alejandra Maldonado Vazquez tiene numerosas detenciones y tres condenas.
Los tres chilenos, por pedido del defensor oficial, no serán enviados al Penal de Chimbas y quedaron detenidos en una comisaría con la prisión preventiva que les dictó el juez Moine.
CÓMO CAYERON
Ambos fueron atrapados el lunes 23 de octubre en el Híper Libertad, cuando fueron divisados por el centro de control de cámaras en el momento en que con ganzúas forzaban la cerradura de una vitrina con teléfonos celulares.
En el supermercado se comunicaron con el 911 y la Policía atrapó a los delincuentes, quienes en el juicio de este miércoles admitieron haber cometido el delito.
También contaron que residían temporalmente en el Hotel Carolina, frente a los tribunales de la provincia de Mendoza.
En la audiencia de presentación del miércoles se mostraron desesperados por acordar la pena de 1 año de prisión en suspenso, lo que los ponía en libertad inmediatamente.
TSJ