Punto final para el mandato de Mariano Rajoy. El Congreso español aprobó su destitución, al votar favorablemente una moción de censura presentada por el opositor socialista Pedro Sánchez, quien será su sucesor en la presidencia del Gobierno. La salida se da en medio de acusaciones por corrupción.
La propuesta de Sánchez se impuso con 180 votos a favor, 169 en contra y una abstención. La iniciativa del líder del PSOE contó con el respaldo del arco opositor, incluidos catalanes y vascos.
Rajoy se despidió del cargo minutos antes de votarse la moción de censura. «Ha sido un honor haber sido presidente del Gobierno de España y dejar una España mejor de la que encontré», dijo en una breve intervención.
«Ojalá mi sustituto pueda decir lo mismo en su día, se lo deseo por el bien de España», expresó el líder conservador, de 63 años, quien felicitó por adelantado al dirigente del PSOE. «A la vista de lo que todos sabemos, podemos presumir que la moción de censura saldrá adelante. En consecuencia, el señor Sánchez será el nuevo presidente del gobierno, y yo quiero ser el primero en felicitarlo», agregó.
Rajoy pidió disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos durante su mandato y agradeció el respaldo del partido Popular.
Sánchez, de 46 años, será investido hoy mismo jefe del Gobierno tras cosechar los apoyos de grupos como el izquierdista Podemos, los nacionalistas vascos o los independentistas catalanes.
La moción contra Rajoy fue impulsada por Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), después de que la Audiencia Nacional emitiera una dura sentencia en el caso «Gürtel», la mayor trama de corrupción descubierta en el país donde se vio involucrada gran parte de la cúpula del Partido Popular, formación en el gobierno.
El alto tribunal condenó a 29 empresarios y ex políticos del PP, entre ellos al ex tesorero del partido Luis Bárcenas, y consideró probado que hubo una contabilidad paralela que benefició a la agrupación. Además, según la sentencia, el testimonio de Rajoy como testigo durante el juicio no fue lo «suficiente verosímil» para rebatir las pruebas de la contabilidad opaca del partido.
Basado en este caso, que despertó la indignación popular, Sánchez encaró la moción de censura para sacar a Rajoy del gobierno. La legislación española prevé este mecanismo como herramienta para que un gobernante rinda cuentas y pueda ser destituido por el Congreso para ceder el cargo al impulsor de la moción, en este caso el propio Sánchez.
El caso «Gürtel» lleva más de una década convertido en un problema para el oficialismo español y el propio Mariano Rajoy llegó a admitir más de una vez que la corrupción es lo que más daño hizo a la formación.
La investigación comenzó en 2007 tras una denuncia de un concejal del Ayuntamiento de Majadahonda, en la región de Madrid. Y, en un inicio, fue instruida por el juez Baltasar Garzón, condenado en 2012 a 11 años de inhabilitación por haber ordenado grabar en la cárcel conversaciones entre los imputados en la causa y sus abogados.
La resolución de la Audiencia Nacional penalizó, como entidad jurídica, al partido encabezado por Rajoy, con el pago de 245.492 euros por haberse beneficiado económicamente del «caso Gürtel», unos hechos de los que el PP niega haber tenido conocimiento.
«Nadie en la dirección del PP, ni en la actual ni en las anteriores, conoció y menos aun amparó ninguna práctica irregular», señalaron fuentes gubernamentales tras hacerse pública la sentencia que la formación de Rajoy recurrió.
En su resolución, la Audiencia Nacional condenó además, entre otros acusados, al ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas a 33 años de prisión; a su esposa, a quince años; y al empresario Francisco Correa, considerado el líder de la red, a 51 años.
También la ex ministra de Sanidad Ana Mato, que se benefició con regalos, fue sentenciada a pagar 27.857 euros.
El tribunal que juzgó la primera etapa del «caso Gürtel», la desarrollada entre los años 1999 y 2005, considera al PP responsable a título lucrativo y acreditado que el grupo empresarial de Correa tejió con ese partido «una estructura de colaboración estable» y, simultáneamente, un «auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional».
En ese tiempo el Partido Popular estuvo presidido primero por el ex presidente del Gobierno español José María Aznar y luego por Rajoy, que sigue al frente de la formación.
El sistema funcionaba con la manipulación de la contratación pública central, regional y local a través de una relación estrecha y continua de Correa con influyentes militantes del partido que han sido juzgados en la causa.
Según el tribunal, formado por tres jueces, parte de los fondos detraídos al erario público por la red de corrupción «sirvieron para directamente pagar gastos electorales o similares del Partido Popular, o fueron a parar como donaciones finalistas a la llamada ‘caja b'».
En ella, según la sentencia, las partidas «se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas» como las atribuidas a Luis Bárcenas.
Se hacían constar en esa contabilidad paralela «ingresos y gastos del partido» o en otros casos «cantidades entregadas a personas miembros relevantes del partido».
Los magistrados matizan que estos últimos aspectos se incluyen en la sentencia «únicamente» para «precisar el contexto» de los hechos enjuiciados, pues la caja b se juzgará en un procedimiento distinto.
El juicio, que empezó a finales de 2016 y duró trece meses, fue ampliamente seguido por los medios españoles y contó con la presencia como testigos, de destacados políticos, entre ellos el propio Rajoy.
La difundida el viernes 25 de mayo por la Audiencia Nacional es la primera condena a un partido político como responsable civil en el lucro obtenido por una trama corrupta, ya que, según la sentencia, se produjo «un enriquecimiento ilícito en perjuicio de los intereses del Estado», en tanto que los actos delictivos de la trama «produjeron beneficios económicos cuantificables al PP».