Partidarios y adversarios de Lula se movilizaron ayer por todo Brasil, en una tensa víspera del juicio que puede derivar en el arresto del expresidente de izquierda, favorito para las elecciones de octubre.
El Supremo Tribunal Federal (STF) juzgará un pedido de la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva, condenado en segunda instancia a 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero, para que siga en libertad hasta agotar todas las instancias judiciales.
Si el recurso es aceptado, el caso podría extenderse durante años y Lula seguir haciendo campaña electoral. Pero si es rechazado, el líder del Partido de los Trabajadores podría ser detenido, a los 72 años de edad.
Cualquiera sea la decisión, tendrá una enorme repercusión sobre unas elecciones que se anticipan como las más inciertas desde el retorno de la democracia en 1985.
“Vamos a presionar al STF”, pide a sus seguidores el movimiento “Vem Pra Rua” (Sal a la calle), una organización muy activa durante el impeachment de 2016 que sacó del poder a la presidenta de izquierda Dilma Rousseff.
Ese grupo convocó a manifestaciones en 117 ciudades para pedir que se mantenga la jurisprudencia que permite encarcelar a un condenado en segunda instancia, como Lula.
En el clima áspero que se agravó tras los disparos efectuados el 27 de marzo contra una caravana proselitista de Lula en el sur, la Central Única de Trabajadores (CUT) realiza una vigilia ante el domicilio del líder de la izquierda en San Bernardo do Campo (estado de San Pablo).
“La condena del expresidente Lula es política, sin ninguna prueba. El presidente es inocente y todos lo saben. Solo quieren impedir que Lula sea candidato en las elecciones de este año”, dijo el presidente de la CUT, Vagner Freitas, en una nota donde la central informó que realizará actos en todo Brasil.
El esquema de seguridad del máximo tribunal será reforzado durante la sesión de hoy, que comenzará a las 14 de Brasilia. Las calles adyacentes al edificio serán bloqueadas y se colocarán vallas y un cordón policial para mantener separados a los manifestantes, dijo la Secretaría de Seguridad de la ciudad.
La presión sobre los magistrados tuvo nuevos capítulos el lunes, cuando abogados, jueces y fiscales de grupos antagónicos llevaron al STF escritos separados con miles de firmas para defender las dos posiciones en pugna.
Ese mismo día, arropado por unos 2.000 simpatizantes y movimientos de izquierda, Lula envió su mensaje a los magistrados: “Quiero que la Corte Suprema solo haga justicia”, dijo en un acto en Río de Janeiro.
La agudización de los enfrentamientos llevó a la presidenta de la corte suprema, Cármen Lúcia, a hacer un inusual llamado por la paz social el lunes por la noche.
El caso enfrenta a jueces “garantistas” y a defensores de la Operación Lava Jato, que develó una multimillonaria red de sobornos entre empresarios y políticos, que son vistos como más severos y partidarios del uso de la prisión preventiva y del cumplimiento anticipado de las penas.
Divididos, los 11 integrantes del STF debatirán un caso que, si bien es específico, su resultado podría indicar a los tribunales inferiores un cambio en la interpretación constitucional que permite encerrar a condenados en segunda instancia.
Fechas claves
El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva podría entrar en prisión debido a una condena a más de 12 años de cárcel por la causa anticorrupción “Lava Jato” (“Lavado de autos”). Ésta es la cronología del caso:
Enero de 2016: La fiscalía de San Pablo cita por primera vez a Lula da Silva a declarar por el caso del tríplex de Guarujá.
4 de marzo de 2016: Lula es llevado a declarar forzosamente por el caso de Guarujá. La Policía registra su casa para confiscar documentos.
20 de setiembre 2016: El juez de “Lava Jato” Sérgio Moro acepta la denuncia contra Lula y abre un juicio por corrupción.
12 de julio de 2017: El juez Moro declara a Lula culpable por corrupción pasiva y lavado de activos en el caso del tríplex de Guarujá y lo condena a nueve años y medio de cárcel en primera instancia. El fallo permite a Lula apelar en libertad.
24 de enero 2018: Un tribunal de segunda instancia confirma la sentencia de Moro y aumenta la pena de prisión a 12 años y un mes.
6 de marzo de 2018: El Superior Tribunal de Justicia rechaza un recurso extraordinario de Lula para que se prohíba una posible orden de arresto hasta que el caso sea definitivamente cerrado en todas las instancias posibles.